Cuando fueron asesinados diez Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, la Justicia lamentó la pérdida de tan eminentes juristas. Fue difícil completar la nómina de la Corte Suprema de Justicia, por las amenazas de muerte para sus integrantes, porque debían decidir sobre el tratado de extradición. Pero se logró gracias al valor de distinguidos abogados que antepusieron a su seguridad personal, su amor a la Justicia. Fueron nombrados por cooptación, como lo establecía la Constitución de 1886.
En 1991, cuando se estableció la nueva constitución, la Justicia se politizó. Se creó la Corte Constitucional para reemplazar a la Sala Constitucional de la Corte suprema de Justicia, que contaba con la colaboración y control de las otras salas: Sala Civil, Sala Penal y Sala Laboral. Finalmente, todo se decidía en Sala Plena.
Hoy la Corte Constitucional es una vergüenza para el país por los sobornos que algunos de sus miembros exigen para decidir sus fallos en favor de sinvergüenzas y por el cabildeo con que frecuentan los pasillos del Congreso, con el fin de asegurar sus nombramientos.
El Consejo Superior de la Judicatura, que debería llamarse simplemente Consejo de la Judicatura, porque no es Superior a ninguna de las altas Cortes. Estuvo a punto de desaparecer por la Reforma a la Justicia que fracasó, pero sobrevive a pesar del "carrusel de las pensiones" y otros escándalos.
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